Una intención- buena o mala- es, al fin y al cabo, una determinación para a alcanzar un fin. Pero como dicen por ahí, las intenciones, buenas o malas, no bastan, pues ellas no garantizan el fin propuesto.
La Resolución Conjunta número 79,
radicada por la representante Brenda López de Arrarás para nombrar una Comisión que formule un Plan Estratégico Integral Agrícola, es una intención buena. Pero ella no garantiza el fin propuesto: integrar las partes de un todo -en este caso, la agricultura-, de manera de aumentar la producción agrícola nacional.
Y no lo garantiza por lo siguiente: la Comisión no incluye un representante del poderoso gremio de importadores y distribuidores de alimentos, ni enuncia la participación de organizaciones de consumidores, y menos aún que recomendará legislación para la sustitución o disminución de los alimentos importados que se producen en Puerto Rico.
Ciertamente la ausencia de soberanía política es parte importantísima del problema. Pero hoy día ni las naciones soberanas son alimentariamente autosuficientes. Es en la visión mercantil de la “comida como negocio” que radica la mayor parte del problema.
Por eso, antes de empezar a diseñar recomendaciones, y una vez se incluyan en la Comisión los miembros que hago referencia, deben definir y estar acordes con el concepto de “agricultura” como “alimento”, como aquello que da fuerzas y sostiene la vida.
Un plan que omita este principio sería sólo eso, una “buena intención”. Continuar apostando a la importación sin regulación, y sin miras a una repartición más equitativa de los recursos y bienes alimentarios –, es decir de la agricultura- sería hundirnos más en lo que Anthony Guiddens llama la sociedad del riesgo. Más aún en el contexto de inseguridad alimentaria que se cierne ante nosotros.
La Resolución Conjunta número 79,
radicada por la representante Brenda López de Arrarás para nombrar una Comisión que formule un Plan Estratégico Integral Agrícola, es una intención buena. Pero ella no garantiza el fin propuesto: integrar las partes de un todo -en este caso, la agricultura-, de manera de aumentar la producción agrícola nacional.Y no lo garantiza por lo siguiente: la Comisión no incluye un representante del poderoso gremio de importadores y distribuidores de alimentos, ni enuncia la participación de organizaciones de consumidores, y menos aún que recomendará legislación para la sustitución o disminución de los alimentos importados que se producen en Puerto Rico.
Ciertamente la ausencia de soberanía política es parte importantísima del problema. Pero hoy día ni las naciones soberanas son alimentariamente autosuficientes. Es en la visión mercantil de la “comida como negocio” que radica la mayor parte del problema.
Por eso, antes de empezar a diseñar recomendaciones, y una vez se incluyan en la Comisión los miembros que hago referencia, deben definir y estar acordes con el concepto de “agricultura” como “alimento”, como aquello que da fuerzas y sostiene la vida.
Un plan que omita este principio sería sólo eso, una “buena intención”. Continuar apostando a la importación sin regulación, y sin miras a una repartición más equitativa de los recursos y bienes alimentarios –, es decir de la agricultura- sería hundirnos más en lo que Anthony Guiddens llama la sociedad del riesgo. Más aún en el contexto de inseguridad alimentaria que se cierne ante nosotros.
