La reciente oposición de los gerentes de la industria de importación y distribución de alimentos (MIDA) al posible permiso de uso de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para comprar alimentos en restaurantes de comida rápida -y en otros locales de provisión alimentaria -ha sido simplificada de una forma peligrosa por los gerentes de la industria de restaurantes (ASORE).
Esto es así porque ASORE, en su legítimo apoyo al P de la C 2806, esgrime como defensa el tema de la “conveniencia”. Es decir, para ASORE el proyecto brinda justicia social a los consumidores pobres – que son los beneficiarios del PAN-porque estos no tienen que trasladarse hasta un hipermercado para comprar, digamos, leche o porque les facilita comer sin tener que cocinar a aquellos beneficiarios con ciertas condiciones médicas, físicas No hay duda que habrá beneficiarios para los que este cambio de política del PAN sea el mejor paliativo a su triste realidad humana.
Pero no podemos creer que sea la responsabilidad nutricional, tanto de MIDA como de ASORE, el norte que guíe esta disputa. En el fondo subyacen grandes intereses económicos. MIDA, por ejemplo, quiere asegurar que entre las 400 mil compras de alimentos que se hacen diariamente en Puerto Rico - lo que según un estudio de la empresa Gaither en 2006 equivale a $25 millones de dólares diarios – una buena parte de ellas se las aseguren los beneficiarios del PAN, como ha ocurrido hasta hoy.
De igual forma ASORE interesa aumentar la participación de sus representados en el mercado de comidas tomadas fuera de casa. Otro estudio realizado por la empresa Gaither International en 2007 encontró que sobre 500,000 personas pautan al menos una de sus ingestas diarias fuera del hogar, lo que representa ventas de sobre $4 millones de dólares diarios. De aprobarse el proyecto, esto podría representar a ASORE sobrepasar su participación en un mercado que hacia el 2007 significaba $2.3 billones de dólares anuales.
Ambas entidades, pues, pugnan por una tajada de los $2,000 millones de dólares que anualmente se le asignan a más de medio millón de familias pobres en Puerto Rico. La responsabilidad nutricional no es el elemento que está en juego.
Es penoso que se simplifique el acto de comer pensándolo como acto exclusivamente fisiológico: la gente comer para satisfacer el apetito y nada más. Triste es además, que se atienda un asunto tan importante como la alimentación con visiones como la del Sr. Aniceto Solares, presidente de Burguer King en la Isla, que favorece el proyecto pues, en el fondo toda “comida es comida”. Es decir, después de todo, lo que necesitan los pobres es comida, no alimento.
De aprobarse el proyecto no ocurrirá otra cosa que insertar a los beneficiarios del PAN en una tendencia cada vez más observable en la cultura alimentaria de Puerto Rico: comer fuera de casa significa comer en un fast food, preferiblemente una hamburguesería.
Todos sabemos que aun con los remozamientos para acoplarse al discurso nutricional predominante, los fast-foods tienen las técnicas para hacer que el comensal compre su producto estrella, que nunca es, por supuesto, la ensalada.
Ahí están los estudios y no mienten. En el 2007 el 59.1% del mercado de comidas realizadas fuera de casa lo dominaban los denominados fast-foods y los casual diners. Por su puesto, la mayor tajada se la llevaba Burger King (16.9%), seguido de McDonald`s (10.9%).
La inserción que provoque la aprobación de la ley, ayudará a que cristalice en Puerto Rico- con todas las implicaciones en las políticas salubristas futuras- lo que han llamado The Obesity Hunger Paradox (http://www.nytimes.com/2010/03/14/nyregion/14hunger.html )un fenómeno en el que los más obesos de las ciudades no son los ricos, como era antes, sino los pobres y desamparados que dependen de las subvenciones alimentairas.
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